¡Hola a todos!
¿Y qué sucede, al respecto, en la Rusia de la actualidad? Si tu compañero de trabajo viviera en Rusia no tendría problema alguno manteniendo esa su opinión (que la Unión Soviética no invadió Polonia en septiembre de 1939), pero podría tener algún problema judicial si mantuviese la opinión contraria, dependiendo de cómo la expresara.
He de decir que son varios los países europeos que, bajo el amparo del Artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos*, ponen ciertas limitaciones al ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Unos 20 estados de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) tipifican como delito ciertas formas de "revisionismo histórico" cuando afectan a la seguridad pública, la seguridad nacional o los derechos ajenos. Algunos países -como por ejemplo Alemania, Italia, Francia, Bélgica y Austria- tienen códigos penales que, con referencia a este asunto, vinculan una correspondencia entre la "verdad histórica" y la "seguridad nacional". En otras palabras, protegiendo la "verdad histórica" protegen la "seguridad nacional". El ejemplo más famoso, que no el único, es la tipificación como delito de la negación del Holocausto.
Sin embargo, ¿qué sucede cuando la "verdad histórica" según la acepta un estado determinado es contraria a la "verdad histórica" según la aceptan otros estados? En Rusia se ha producido, desde 2009, una reacción política ante el auge de los "revisionismos históricos" surgidos en países que estuvieron antiguamente sometidos a la tutela política de la Unión Soviética, como Ucrania, Polonia, Hungría, etc. Como consecuencia de esta reacción política, la asamblea rusa (DUMA) aprobó en 2014 (cuando se produjo la Revolución Ucraniana) una "Ley contra la Rehabilitación del Nazismo" que supuso una enmienda al Código Penal en su Artículo 354.1, estipulando en su cláusula tercera la prohibición de la "difusión de información deliberadamente falsa sobre las actividades de la URSS durante la Segunda Guerra Mundial ”. Quien infrinja esta cláusula (o cualquiera de las otras tres añadidas al artículo) puede ser condenado a una multa de unos 8.400 euros (300.000 rublos) o tres años de prisión (y cinco años de prisión o bien 14.000 euros y 3 años de inhabilitación para cargos públicos si el infractor es un funcionario del estado)**.
He incidido en la cláusula tercera porque viene al caso del tema planteado en este hilo. Precisamente el Tribunal Supremo ruso condenó a un bloguero llamado Vladimir Luzgin por haber declarado que tanto Alemania como la Unión Soviética invadieron Polonia en septiembre de 1939, por enraizar esa invasión con el Pacto de No Agresión nazi-soviético de agosto de 1939, y por decir que "comunismo y nazismo colaboraron estrechamente". Más allá de los matices (Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre; la URSS el 17 de septiembre. La colaboración entre ambos regímenes fue limitada y con altibajos en el tiempo: agosto-1939/junio 1941), las afirmaciones de Luzgin son absolutamente irrefutables (y no porque yo las haya sostenido en este hilo) porque son hechos históricos innegables. Sin embargo, no lo ve así el Tribunal Supremo de la Federación Rusa, para quien estas declaraciones de Luzgin suponen una "rehabilitación del nazismo" y la difusión de una idea negativa (falsa) "sobre las actividades de la URSS durante la Segunda Guerra Mundial"***.
Así que si yo viviera en Rusia y mantuviera mi opinión (que en este caso concuerda con la realidad histórica) sobre este asunto, acabaría como el bloguero Luzgin, mientras que tu compañero de trabajo, manteniendo una opinión contraria a la realidad histórica, permanecería impune.
Es una de las ironías y desgracias que conlleva legislar sobre la memoria histórica, a mi juicio un asunto necesario pero delicado. Digo necesario porque la memoria histórica (donde la hay) debe tener instrumentos legales para protegerse contra quienes intentan negarla o trivializarla, sobre todo en cuestiones de especial sensibilidad, como es el caso por excelencia del Holocausto, que en mi opinión no se puede negar o trivializar sin que ello conlleve una sanción legal que sin embargo y a mi juicio, no puede acarrear en ningún caso una condena de prisión, pues lo considero excesivo y desproporcionado. Creo que una severa sanción económica seguida de una inhabilitación para el desempeño de cargos públicos son suficientes. Aunque tengo para mí que la mejor medicina contra este virus negacionista está precisamente en la educación (y no sólo en escuelas, institutos y universidades) de la ciudadanía en los principios y valores democráticos, y el respeto por la memoria histórica. Lo que no se puede hacer, porque es vano, es escribir la historia a golpe de leyes y decretos, por muy bienintencionados que sean.
No quiero hablar de España porque la situación en nuestro país con respecto a la memoria histórica, después de casi 90 años transcurridos desde la proclamación de la II República en 1931, es simplemente lamentable y vergonzosa. No lo es tanto en el caso de los antiguos estados y repúblicas comunistas de la Europa central y oriental que ganaron plena independencia y soberanía tras la disolución de la Unión Soviética en 1990-91, pues están en pleno y turbulento proceso de construir sus memorias históricas, algo que lleva implícito ineludiblemente el llegar a un previo acuerdo con el pasado, a aceptar el pasado siguiendo la línea del Vergangenheitsbewältigung alemán. Las dificultades son enormes a la vista del surgimiento de fuertes sentimientos nacionalistas que, en la mayoría de las ocasiones, son los peores puntos de partida para la aceptación del pasado y el establecimientom de una memoria histórica. El caso de la Ley contra la Rehabilitación del Nazismo de la Federación Rusa es esclarecedor, pues en vez de ceñirse a lo que su título implica, la cláusula tercera de su Artículo 354.1 sirve en cambio para apuntalar una visión del pasado que no se corresponde con la realidad y es un claro exponente de una flagrante vulneración del derecho a la libertad de expresión.
*Artículo 10. Libertad de Expresión: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas, sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa. 2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial.
**Véase http://www.ponarseurasia.org/ru/node/7151
***Véase I. Nuzov y G. Bogush, Russia’s Supreme Court Rewrites History of the Second World War (October 2016) en https://www.ejiltalk.org/russias-suprem ... world-war/
Saludos cordiales
JL
Bueno, siempre puede seguir empeñado en su versión de los hechos, aunque dicha versión sea irracional. En España, para bien o para mal, la libertad de expresión en temas de memoria histórica no está amenazada por el código penal, a diferencia de lo que ocurre en otros temas. Aquí se pueden negar hechos incuestionables de la Guerra Civil de 1936-1939 y de la larga dictadura franquista que siguió sin que tales negaciones supongan la comisión de un delito penado con prisión o una falta penada con dinero.Zaitsev escribió: Con el último aporte documental sobre las bajas soviéticas en los combates de Polonia del 39 (aunque estén en ruso), creo que no tendrá más remedio que callarse.
¿Y qué sucede, al respecto, en la Rusia de la actualidad? Si tu compañero de trabajo viviera en Rusia no tendría problema alguno manteniendo esa su opinión (que la Unión Soviética no invadió Polonia en septiembre de 1939), pero podría tener algún problema judicial si mantuviese la opinión contraria, dependiendo de cómo la expresara.
He de decir que son varios los países europeos que, bajo el amparo del Artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos*, ponen ciertas limitaciones al ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Unos 20 estados de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) tipifican como delito ciertas formas de "revisionismo histórico" cuando afectan a la seguridad pública, la seguridad nacional o los derechos ajenos. Algunos países -como por ejemplo Alemania, Italia, Francia, Bélgica y Austria- tienen códigos penales que, con referencia a este asunto, vinculan una correspondencia entre la "verdad histórica" y la "seguridad nacional". En otras palabras, protegiendo la "verdad histórica" protegen la "seguridad nacional". El ejemplo más famoso, que no el único, es la tipificación como delito de la negación del Holocausto.
Sin embargo, ¿qué sucede cuando la "verdad histórica" según la acepta un estado determinado es contraria a la "verdad histórica" según la aceptan otros estados? En Rusia se ha producido, desde 2009, una reacción política ante el auge de los "revisionismos históricos" surgidos en países que estuvieron antiguamente sometidos a la tutela política de la Unión Soviética, como Ucrania, Polonia, Hungría, etc. Como consecuencia de esta reacción política, la asamblea rusa (DUMA) aprobó en 2014 (cuando se produjo la Revolución Ucraniana) una "Ley contra la Rehabilitación del Nazismo" que supuso una enmienda al Código Penal en su Artículo 354.1, estipulando en su cláusula tercera la prohibición de la "difusión de información deliberadamente falsa sobre las actividades de la URSS durante la Segunda Guerra Mundial ”. Quien infrinja esta cláusula (o cualquiera de las otras tres añadidas al artículo) puede ser condenado a una multa de unos 8.400 euros (300.000 rublos) o tres años de prisión (y cinco años de prisión o bien 14.000 euros y 3 años de inhabilitación para cargos públicos si el infractor es un funcionario del estado)**.
He incidido en la cláusula tercera porque viene al caso del tema planteado en este hilo. Precisamente el Tribunal Supremo ruso condenó a un bloguero llamado Vladimir Luzgin por haber declarado que tanto Alemania como la Unión Soviética invadieron Polonia en septiembre de 1939, por enraizar esa invasión con el Pacto de No Agresión nazi-soviético de agosto de 1939, y por decir que "comunismo y nazismo colaboraron estrechamente". Más allá de los matices (Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre; la URSS el 17 de septiembre. La colaboración entre ambos regímenes fue limitada y con altibajos en el tiempo: agosto-1939/junio 1941), las afirmaciones de Luzgin son absolutamente irrefutables (y no porque yo las haya sostenido en este hilo) porque son hechos históricos innegables. Sin embargo, no lo ve así el Tribunal Supremo de la Federación Rusa, para quien estas declaraciones de Luzgin suponen una "rehabilitación del nazismo" y la difusión de una idea negativa (falsa) "sobre las actividades de la URSS durante la Segunda Guerra Mundial"***.
Así que si yo viviera en Rusia y mantuviera mi opinión (que en este caso concuerda con la realidad histórica) sobre este asunto, acabaría como el bloguero Luzgin, mientras que tu compañero de trabajo, manteniendo una opinión contraria a la realidad histórica, permanecería impune.
Es una de las ironías y desgracias que conlleva legislar sobre la memoria histórica, a mi juicio un asunto necesario pero delicado. Digo necesario porque la memoria histórica (donde la hay) debe tener instrumentos legales para protegerse contra quienes intentan negarla o trivializarla, sobre todo en cuestiones de especial sensibilidad, como es el caso por excelencia del Holocausto, que en mi opinión no se puede negar o trivializar sin que ello conlleve una sanción legal que sin embargo y a mi juicio, no puede acarrear en ningún caso una condena de prisión, pues lo considero excesivo y desproporcionado. Creo que una severa sanción económica seguida de una inhabilitación para el desempeño de cargos públicos son suficientes. Aunque tengo para mí que la mejor medicina contra este virus negacionista está precisamente en la educación (y no sólo en escuelas, institutos y universidades) de la ciudadanía en los principios y valores democráticos, y el respeto por la memoria histórica. Lo que no se puede hacer, porque es vano, es escribir la historia a golpe de leyes y decretos, por muy bienintencionados que sean.
No quiero hablar de España porque la situación en nuestro país con respecto a la memoria histórica, después de casi 90 años transcurridos desde la proclamación de la II República en 1931, es simplemente lamentable y vergonzosa. No lo es tanto en el caso de los antiguos estados y repúblicas comunistas de la Europa central y oriental que ganaron plena independencia y soberanía tras la disolución de la Unión Soviética en 1990-91, pues están en pleno y turbulento proceso de construir sus memorias históricas, algo que lleva implícito ineludiblemente el llegar a un previo acuerdo con el pasado, a aceptar el pasado siguiendo la línea del Vergangenheitsbewältigung alemán. Las dificultades son enormes a la vista del surgimiento de fuertes sentimientos nacionalistas que, en la mayoría de las ocasiones, son los peores puntos de partida para la aceptación del pasado y el establecimientom de una memoria histórica. El caso de la Ley contra la Rehabilitación del Nazismo de la Federación Rusa es esclarecedor, pues en vez de ceñirse a lo que su título implica, la cláusula tercera de su Artículo 354.1 sirve en cambio para apuntalar una visión del pasado que no se corresponde con la realidad y es un claro exponente de una flagrante vulneración del derecho a la libertad de expresión.
*Artículo 10. Libertad de Expresión: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas, sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa. 2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial.
**Véase http://www.ponarseurasia.org/ru/node/7151
***Véase I. Nuzov y G. Bogush, Russia’s Supreme Court Rewrites History of the Second World War (October 2016) en https://www.ejiltalk.org/russias-suprem ... world-war/
Saludos cordiales
JL
