Expropiaciones en América Central

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1. Introducción

El tema está dedicado a las expropiaciones de bienes de alemanes en tres países del istmo mesoamericano: Costa Rica, Guatemala y Nicaragua. El primero interesa por tratarse del modelo seguido por otros Estados, el segundo porque albergaba la colectividad alemana más importante en la región y el último porque muestra de manera más acabada la adaptación del programa por las elites gobernantes. Las políticas implementadas formaron parte del sistema de seguridad continental impulsado por los Estados Unidos, por consiguiente, bajo presión o de manera voluntaria, en los tres casos se tomaron medidas para desarticular el poder económico alemán, éstas abarcaron “listas negras”, deportaciones a campos de concentración en los Estados Unidos y expropiaciones. Pese a las diferencias entre los países, se produjeron varias similitudes en las consecuencias.

Costa Rica es el caso mejor estudiado, o por lo menos del cual es más fácil reunir información. Respecto de Guatemala, la fuente principal (el estudio de Friedman) le destina poco espacio a las expropiaciones pero explica en detalle el proceso previo e indaga con profundidad en las deportaciones de alemanes. La información resulta escasa acerca de Nicaragua. No obstante las dificultades, trataré de presentar un cuadro del proceso, poniendo el foco en las expropiaciones.

Fuentes:

Friedman, Max Paul, Nazis y buenos vecinos. La campaña de EEUU contra los alemanes de América Latina durante la II Guerra Mundial, Madrid, Machado Libros, 2008.

Peters, Gertrud y Torres, Margarita, “Las disposiciones legales del gobierno costarricense sobre los bienes de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial”, en Anuario de Estudios Centroamericanos, año/vol. 28 nº 1-2, Universidad de Costa Rica, 2002. http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/152/15228204.pdf


2. Declaración de guerra en América Central

Costa Rica, Guatemala y Nicaragua, al igual que otras naciones de Centroamérica y el Caribe, declararon la guerra a las potencias del Eje entre el 7 y el 11 de diciembre de 1941, de acuerdo con la “solidaridad panamericana” promovida por los Estados Unidos. El 2 de enero de 1942 los nueve países de la región adhirieron a la Carta del Atlántico suscripta por Roosevelt y Churchill el 14 de agosto de 1941: República Dominicana, Cuba, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Panamá. Resulta pertinente subrayar la ausencia de México y que Sudamérica conformaba un mosaico más complejo en cuanto al alineamiento con los Estados Unidos. La adhesión a la Carta del Atlántico y la beligerancia adoptada por nueve Estados del hemisferio antes del llamado a una reunión interamericana muestran el alto grado de hegemonía estadounidense en América Central. Más adelante Ecuador y Colombia también participarán en el programa de deportaciones de súbditos de los países del Eje a campos de concentración en Estados Unidos; además Brasil y México implementarán sus propios programas de internamiento. No obstante ello, las diferentes interpretaciones de la defensa continental dejan en evidencia el gran ascendiente estadounidense en los países mesoamericanos.

La declaración de guerra activó restricciones contra particulares y empresas del enemigo. Vistas en un proceso de más largo alcance, estas medidas profundizaron las pautas diseñadas por el gobierno de Washington desde 1940. A continuación veremos aspectos de la guerra económica anteriores a la entrada de los Estados Unidos en la conflagración, para después observar país por país las políticas contra el Eje, en especial en relación a las expropiaciones.

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Nota: editado el 23/5/10 para hacer una corrección relativa a la fuente principal.

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3. Antes de 1942

En la política estadounidense hacia América Latina la seguridad nacional y la expansión económica podían ser objetivos compatibles, por consiguiente la disminución de la cuota de mercado de los alemanes podía integrarse a la defensa de los Estados Unidos de un ataque militar procedente del sur y la lucha contra la propaganda alemana o contra una subversión potencial. Previo a Pearl Harbor, la administración Roosevelt procuró entrelazar en el ámbito panamericano medidas económicas y militares contra el Eje. El interés de Washington en anular la influencia alemana se apartó de la Política de Buena Vecindad, es decir, de la supuesta renuncia a la injerencia en los asuntos de las naciones latinoamericanas, y el gobierno de Washington delineó algunas políticas del proyecto de defensa hemisférica partiendo de estas premisas: (1) América Latina era un campo de batalla para las grandes potencias, (2) existía una “quinta columna” alemana que se dedicaba a llevar a cabo actividades subversivas, y (3) la región era vulnerable y dependiente, habitada por latinos indefensos que se encontraban a merced de las decisiones de los extranjeros.

Con matices, los gobiernos latinoamericanos veían la situación desde otra perspectiva. La resistencia de algunos países en las conferencias, en especial por parte de Argentina, atenuó el proyecto de seguridad continental de inspiración estadounidense hasta el punto de reducir las medidas a simples “recomendaciones”. Esta divergencia se había manifestado en 1938 en la reunión en Lima, y se repitió en 1939 en Ciudad de Panamá (*) y en 1940 en La Habana.

No obstante el recorte del proyecto, el gobierno de los Estados Unidos puso en marcha el programa de defensa. En 1940, como primera medida fueron despedidos ciudadanos alemanes que trabajaban en compañías norteamericanas. Nelson Rockefeller, a cargo de la Oficina del Coordinador de Asuntos Interamericanos (CIAA), extendió la prevención a “las personas de raza alemana, tanto las partidarias de los nazis como los que no lo son”, un concepto todavía más amplio que el de la ciudadanía. Ante la negativa de algunos empresarios, en enero de 1941 la oficina de Rockefeller comunicó a 17.000 empresas que el gobierno de los Estados Unidos quería que despidieran a sus agentes alemanes. A los que no obedecieron les suspendieron las licencias de exportación.

En 1941 el Departamento de Estado confeccionó la primera lista negra o proclamada sobre la base de informes de las legaciones diplomáticas norteamericanas, la CIAA de Rockefeller y el gobierno británico. La lista comprendía empresas y negocios sospechosos de ser partidarios de las potencias del Eje. El alcance se limitaría únicamente a la prohibición a empresas estadounidenses de hacer negocios con los que aparecían en ella. En la práctica, como cualquier empresa que entablara una relación comercial con las compañías proscriptas corría el riesgo de incorporarse ella misma en la lista, en los países de la esfera estadounidense todas las empresas, independientemente de su nacionalidad, se vieron obligadas a evitar a las que aparecían en la lista.

Friedman da cuenta de las arbitrariedades y deficiencias en la elaboración de la lista. Escapa del tema extenderse en este aspecto, pero conviene señalar que la discriminación llegó a afectar a empresas y negocios que no contribuían económicamente a la propaganda nazi ni servían de pantalla al espionaje alemán, en teoría los motivos para incluirlos en la lista. Aparecían en ella judíos alemanes que habían emigrado por la política antijudía del régimen nacionalsocialista, ellos ilustran algunos errores groseros. Con el tiempo, el Departamento de Estado admitió que la lista también apuntaba a eliminar la influencia de personas “en las comunidades locales”, aunque no tuvieran relación con el comercio internacional. Por consiguiente, las ampliaciones agregaron a particulares de muy dudoso vínculo con la financiación de la propaganda nazi.

(*) Sugiero Declaración de Panamá. Dicho tema apunta a las consecuencias producidas por el incidente del Graf Spee, sin embargo es aludida la controversia argentino-estadounidense en Panamá respecto del proyecto defensa hemisférica.

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El carácter unilateral de la lista y la injerencia en los ámbitos locales generaban fricciones con las autoridades latinoamericanas. El ministro de Asuntos Exteriores de Costa Rica, si bien pertenecía a una administración proestadounidense, recomendó a sus conciudadanos continuar negociando con los costarricenses nombrados en la lista. Los gobiernos que podían mantener una política más independiente (por ejemplo Brasil, Colombia y Chile) rechazaron la lista proclamada. No nos detendremos en este punto, básteme enfatizar que México y Brasil, beligerantes meses después del ingreso de Estados Unidos en la guerra pero con mayor capacidad para resistir las presiones, no aceptaron el amplio programa de expropiación basado en la lista negra, ni participaron del confinamiento de alemanes en Estados Unidos. Ya expuesto el origen de la Lista Proclamada, veremos la respuesta oficial en 1941 en los países considerados y sus primeras consecuencias.

El 17 de julio de 1941, el Departamento de Estado puso en circulación la primera lista proclamada. El diario El Imparcial de Guatemala la publicó el 27 del mismo mes. La lista incluía 254 firmas comerciales y fincas de alemanes en ese país. El bloqueo de las fincas de nacionales alemanes constituía un serio problema económico porque sus cosechas representaban el 40% del total del café guatemalteco y su inactividad traería dramáticas consecuencias sociales y económicas. El gobierno del general Jorge Ubico decretó el 9 de octubre de 1941 para las fincas comprendidas en la lista proclamada la obligación de entregar sus cosechas al Banco Central de Guatemala. El banco asumió el control de las fincas de quienes aparecían en la lista proclamada y fue el encargado de gestionar la exportación del café recibido y retener los beneficios en cuentas bloqueadas. La disposición que regulaba el control de las fincas, dictada el 8 de noviembre de 1941 antes del estado de guerra, implícitamente sentaba la confiscación de bienes de “alemanes proclamados” en la lista negra.

Costa Rica entró en 1941 en conflictos diplomáticos con Alemania, pese a que los alemanes estaban más integrados en las clases dirigentes que sus compatriotas de los países vecinos. En particular León Cortés Castro, presidente de 1936 a 1940 por el Partido Democrático, tenía vínculos con el país europeo, él y su padre habían estudiado allí y su hermano Claudio había estado en el frente con las tropas alemanas después de la invasión de Polonia. Los sucesores de Cortés pertenecían al Partido Republicano Nacional, tanto Rafael Calderón Pillado (1940-1944) y Teodoro Picado (1944-1948), tenían, como casi todos los presidentes que gobernaron la nación en la primera mitad del siglo XX, algún pariente casado con algún ciudadano alemán. Sin embargo, como la mayoría de los alemanes eran partidarios de Cortés, sus sucesores tenían motivos políticos más que suficientes para cooperar con los Estados Unidos en su campaña contra los alemanes.

El régimen nazi dispuso que era inadmisible el ejercicio de las funciones oficiales de los cónsules de Costa Rica en los territorios ocupados por sus tropas. En respuesta, el 29 de septiembre de 1941, el gobierno costarricense declaró inadmisibles las funciones oficiales de los cónsules alemanes en el territorio nacional. En materia económica el Poder Ejecutivo implementó controles antes de la declaración de guerra. Por decreto del 10 de octubre fue creada la Oficina de Coordinación a los efectos de fiscalizar las operaciones de personas o empresas alemanas, a fin de que el desplazamiento de estas personas no produjese consecuencias perjudiciales en la economía del país, mientras los beneficios iban a parar a cuentas bloqueadas. Las fuentes no aclaran si estas empresas estaban en la lista proclamada, es de suponer que existe la relación.

Cabe destacar otro aspecto de la guerra económica que contribuyó a debilitar al Eje. Los Aliados se dedicaron a comprar masivamente los excedentes de los países del continente, esto alentó a los indecisos a alinearse del lado de las naciones que les compraban los productos. Uno de los acuerdos más satisfactorios fue el Convenio Interamericano del Café, que se firmó en abril de 1941 y que sirvió para el acceso de la producción latinoamericana al mercado estadounidense. En los hechos Estados Unidos se convirtió en el único comprador del café latinoamericano. Dada la importancia del producto, este pacto salvó a los países mesoamericanos de la quiebra, y Estados Unidos obtuvo a cambio una nueva ventaja estratégica sobre ellos.

Como hemos visto, Guatemala y Costa Rica dispusieron las primeras medidas a principios de octubre de 1941. Respecto de Nicaragua, las fuentes no proporcionan información anterior al 7 de diciembre. Con el panorama retratado Centroamérica entraba en la Segunda Guerra Mundial, los capítulos siguientes abordarán cada caso por separado.

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4. Costa Rica

Para el 11 de diciembre de 1941 Costa Rica estaba en guerra con Alemania, Italia y Japón. La Suiza centroamericana tenía un régimen democrático casi excepcional para la región, sin embargo, las garantías constitucionales fueron suspendidas, y en particular los súbditos del enemigo quedaron sometidos a vigilancia especial de las autoridades militares. Asimismo, con el estado de guerra, el gobierno expropió las plantas generadoras de electricidad y sistemas de comunicaciones internos y externos que se encontraban en manos de ciudadanos del Eje; la planta eléctrica y subestación de Miller hermanos quedó bajo la administración de la Secretaría de Fomento.

El 12 de diciembre se decretó la Ley de Bloqueo Económico que establecía todas las disposiciones que regulaban las actividades económicas con súbditos de los países del Eje, sus esposas e hijos –incluso los nacionalizados-, la medida incluyó a los costarricenses que por comercio, trabajo, estudio o vínculos familiares mantenían relaciones con personas físicas o jurídicas de países enemigos. Además, la ley establecía la creación de la Junta de Custodia de la Propiedad Enemiga. El 26 de diciembre quedó prohibido todo acto de comercio con residentes de Japón, Italia y Alemania, sea cual fuere su nacionalidad.

El capital líquido alemán en 1940 ascendía a aproximadamente 28.000.000 de colones. En total los seis mil alemanes que vivían en el país poseían propiedades por 23.000.000 de dólares. Según Friedman, las actividades de los alemanes en Costa Rica no eran muy relevantes ni estaban tan desarrolladas, cultivaban únicamente una parte de la cosecha nacional de café, pero dirigían importantes tostaderos de café y refinerías de azúcar. Peters y Torres sostienen que el capital alemán estaba bastante diversificado y colocado en actividades estratégicas para la economía del país, con cierto nivel de concentración al interior de la colonia alemana, ya que el 50% de las inversiones pertenecía a cinco grandes firmas: Niehaus, Steinvorth, Peters, Von Schroeter y Hübbe.

Sea como fuere la relevancia del capital alemán en Costa Rica, tanto en este país como en otros de Latinoamérica un factor de tensión con el gobierno de Washington fue el doble estándar del país del norte: mientras que las expropiaciones en los Estados Unidos se limitaron a las grandes corporaciones como IG Farben, el Departamento de Estado en América Latina presionó para una más amplia liquidación de las inversiones alemanas, o las persiguió con la lista proclamada. Desarrollaremos este punto en las conclusiones del tema.

La Junta de Custodia heredó las funciones de la extinta Oficina de Coordinación. Las autoridades de la Junta no tardaron en entrar en conflicto con los funcionarios norteamericanos. El director le solicitó a la legación estadounidense que aprobara un plan para exportar el café que se producía en las plantaciones alemanas al único comprador posible, los Estados Unidos. Las hipotéticas ganancias irían a parar a cuentas congeladas, con la fiscalización del gobierno a fin de que sólo fueran utilizadas en beneficio de la economía costarricense. Se evitaría así que se destinaran a subvencionar la propaganda del Eje, o que quedasen en poder del propietario alemán. El café que producían los alemanes representaba solamente el 4% de la cosecha anual costarricense. Sin embargo, el Departamento de Estado se negó a comprar a este café “alemán”. Debido al perjuicio que ocasionaba no exportar ese 4% “alemán” en circunstancias críticas por el cierre de mercados en Europa a causa de la guerra, sumado al riesgo de que otra producción fuese calificada como “alemana” con la consecuente inseguridad para toda la producción nacional, la Junta de Custodia decidió expropiar a los propietarios alemanes. En septiembre de 1942 la Junta ya había vendido algunas de las propiedades confiscadas por valor de 500.000 dólares a un puñado de compradores bien relacionados entre los que se encontraba Alfredo Echandi, el hermano del ministro de Asuntos Exteriores del presidente Calderón, Alberto Echandi.

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El azúcar era el segundo cultivo nacional, paralelamente a los problemas con el café aquél producto suscitó sus complicaciones. En julio de 1942, la Junta de Custodia propuso exportar tres millones de kilos de azúcar, de los cuales el 25% había sido producido por Niehaus & Co. La compañía estaba controlada y administrada por la Junta, por lo cual los beneficios no irían a parar al propietario alemán sino a una cuenta congelada. El Departamento de Estado paralizó la compra de este cargamento de azúcar y cualquier otra remesa procedente de plantaciones alemanas, que eran las que producían la mayor parte de la cosecha. A finales de ese año el director de la Junta le comunicó al presidente que a Estados Unidos no le bastaba el control de las plantaciones y las refinerías alemanas y que exigía la expropiación total. A la vez existía el riesgo de que toda la cosecha costarricense fuera agregada a la lista negra. Al gobierno de Calderón no le quedó otra alternativa que proceder a la expropiación.

En los meses siguientes la Junta de Custodia expropió las propiedades agrícolas e industriales más importantes de aquellas personas que aparecían en la lista proclamada del gobierno de Washington. El valor estimado era de tres millones de dólares. Los funcionarios estadounidenses supervisaron las ventas de las propiedades, para algunas de ellas establecieron los términos de la operación. En algunos casos, a precios de ganga, los bienes pasaron a ciudadanos costarricenses. Las ganancias fueron derivadas a la tesorería del gobierno, y éste pagó a los propietarios alemanes depositando Bonos de Defensa Económica costarricenses en cuentas bloqueadas por un valor equivalente al de las plantaciones, los bienes inmuebles y los negocios confiscados. Las propiedades cambiaban de manos, el Estado se embolsaba el precio de compra abonado por el comprador y los antiguos dueños alemanes recibían bonos de guerra.

En la práctica los bonos no tuvieron valor. Los fondos bloqueados estaban gravados con un impuesto anual del 18% y, además, se devaluaban a gran velocidad, para comienzos de 1944 habían perdido el 40% del valor y en 1945 se anularon por completo. Consideraciones éticas al margen, el mecanismo de los bonos se convirtió en una solución en tiempos de grave crisis fiscal, especialmente en la administración Picado. En 1945 al menos un tercio de las rentas públicas procedían de las posesiones expropiadas a los alemanes y algunos italianos a cambio de los Bonos de Defensa Económica sin valor. Al propio Departamento de Estado le resultaba exagerada la cantidad de expropiaciones que ordenaba Picado, los diplomáticos norteamericanos la atribuían a que buscaba equilibrar las cuentas públicas.

El control y la expropiación de la propiedad del enemigo trajeron otros beneficios. Las cuentas congeladas de los alemanes sirvieron como garantía de un empréstito para la construcción y terminación de obras de vialidad. En una economía dependiente de dos cultivos, en fincas expropiadas a la familia Niehaus compañías norteamericanas aportaron a la diversificación, en ellas emplazaron plantaciones de materias primas estratégicas con la asistencia del gobierno de Washington.

La pintura optimista debe balancearse con los efectos negativos. Además del hermano de Echandi (mencionado en el conflicto por el café), hubo más gente que se benefició a título personal. Los dos presidentes que gobernaron durante la guerra, Calderón y su sucesor Picado, aprovecharon la presión que ejercían los Estados Unidos para colocar a sus amigos como administradores de las plantaciones. Este cargo les permitía enriquecerse liquidando el stock y el equipamiento. Asimismo, Calderón y Picado fueron criticados por las subastas a precios muy bajos presuntamente dirigidas para familiares de los altos funcionarios del gobierno. Muchas empresas agrícolas prósperas fueron víctimas de la mala administración y del saqueo de sus nuevos propietarios, que no habían invertido su propio capital y las habían comprado a precios de ocasión. Las plantaciones de azúcar alemanas habían cerrado o se encontraban en estado penoso, y en 1944 el país tuvo que enfrentarse a una enorme escasez de azúcar.

En un efecto colateral, las expropiaciones y las deportaciones de alemanes alejaron a Calderón y Picado de las elites económicas del país. Con la inseguridad potencial del proceso expropiador las elites perdieron confianza en el calderonismo, en un contexto de ruptura por las reformas sociales que los sectores económicamente poderosos no estaban bien dispuestos a aceptar. Estas circunstancias están en las raíces de la guerra civil de 1948.

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5. Guatemala

La tierra donde mora el quetzal tenía la comunidad alemana más grande de Centroamérica y su influencia en la economía era superior a otros países de la región. Casi toda la guerra trascurrió en la presidencia del autócrata Ubico, que aplicó controles convencionales para restringir la actividad de las empresas alemanas, en especial de las enormes plantaciones de café productoras del 40% de la cosecha nacional, y de las firmas de exportación e importación, responsables del 70% de la exportación del país.

El 11 de diciembre de 1941 Guatemala se encontraba en guerra con Japón, Alemania e Italia, de inmediato se dictó la suspensión de las garantías constitucionales a los ciudadanos de las potencias del Eje, con la consecuente prohibición del funcionamiento de clubes, colegios, entidades deportivas, culturales y de cualquier índole dirigidas por súbditos del enemigo (en lo sucesivo me referiré solamente a los alemanes, dejando entendido que hay otros afectados, incluso guatemaltecos relacionados con alemanes, italianos y japoneses). Quedaron congelados los depósitos y cuentas bancarias de los alemanes aunque se les permitía continuar ejerciendo funciones que no estuvieran comprendidas en tareas comerciales. Con las primeras disposiciones, el gobierno intervino el Ferrocarril de Verapaz, que será expropiado dos años más tarde. El 9 de enero de 1942 se publicaron las listas proclamadas en el periódico Diario de Centro América. En junio el gobierno dispuso la intervención de las compañías alemanas de seguros, las fincas de café, los ingenios de azúcar y otros inmuebles de los proclamados, designando al Banco Central para que hiciera un inventario detallado de los valores y existencias. Las propiedades inmobiliarias, maquinarias e industrias que no producían café fueron intervenidas por el Departamento Agrícola del Crédito Hipotecario Nacional.

Desde diciembre de 1941, el gobierno aumentó gradualmente los impuestos a las fincas intervenidas y a las exportaciones de café, cardamomo y azúcar para destinarlos a la defensa nacional. La exportación del café de las fincas y compañías de alemanes bloqueados debía contar con la autorización del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, era condición dejar una margen de utilidad mínimo, equivalente al 1,67% de los gastos, inmovilizado en el Banco Central para la subsistencia de los propietarios alemanes. Todo excedente del precio obtenido era congelado en las cuentas del Banco Central y se podría disponer de él una vez finalizada la guerra, en caso de que no se hubiera dispuesto para otros destinos.

Pese al alineamiento con los Estados Unidos, Ubico se negaba a pasar del control a la expropiación. En noviembre de 1942, el enviado español que representaba los intereses alemanes en Guatemala daba cuenta de la resistencia del gobierno de Ubico a avanzar en ese sentido. Por su parte, un año antes, el consejero de Asuntos Económicos del Departamento de Estado juzgaba insuficiente el control para evitar que los beneficios de las empresas alemanas fuesen destinados con fines subversivos. Él recomendaba para los individuos mencionados en la lista proclamada la erradicación completa de la vida social y comercial de Guatemala, ya que, a su parecer, el plan les permitía seguir actuando en el terreno económico. En el Departamento de Estado todos estaban de acuerdo con la propuesta, la discusión se mantenía en torno al modo de llevarla a cabo. Algunos funcionarios norteamericanos reconocían la posibilidad de que la economía guatemalteca no sería capaz de soportar un impacto tan fuerte, pero no cuestionaban la decisión de destruir en gran escala la presencia económica alemana. Tras largas negociaciones, Estados Unidos y Guatemala acordaron un sistema de cuotas que permitiera a las principales plantaciones de la lista negra exportar lo necesario para poder seguir operando, en lugar de someterlas a un embargo total. Naturalmente, esta medida trajo efectos negativos sobre el empleo y los ingresos del país.

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Ubico sostenía que los Estados Unidos tenían que concederle la autoridad necesaria para poder vender el total de la producción alemana de café y depositar los beneficios en cuentas congeladas del Banco Central para que el gobierno pudiera disponer de ese capital. El presidente prometía encargarse de las expropiaciones de los alemanes al finalizar la guerra, pero que, mientras tanto, la escasa producción estaba dañando las plantaciones. El gobierno de Guatemala no tenía ni el capital suficiente ni el poder político para expropiar a un sector tan importante para la sociedad guatemalteca, así que Ubico se mantuvo en esa posición. Los diplomáticos norteamericanos no estaban dispuestos a tolerar semejante insolencia, y para mayo de 1942 aumentaron la presión. Las amenazas del agregado comercial y del primer secretario de la embajada estadounidense agotaron la paciencia del presidente autócrata. El gobierno de Guatemala les declaró personae non grata y expulsó del país acusándoles de haber estado contando cuentos a la agencia Associated Press sobre la colaboración germano-guatemalteca.

La cuestión de cerró en 1944 por impulso del gobierno de Washington. El secretario Cordell Hull por medio de su embajada le comunicó al gobierno guatemalteco que a menos que nacionalizara las explotaciones de café alemanas, los Estados Unidos suspenderían las importaciones del producto. De ejecutarse el ultimátum, el país centroamericano perdería el 40% de la cosecha del principal cultivo de exportación. El ministro de Relaciones Exteriores guatemalteco aceptó la posibilidad de nacionalizar fincas a pedido del Departamento de Estado, expresando que se procedería de mala gana, sabiendo que se trataba de una petición injustificada.

A Ubico lo apremiaban en dos frentes. En el vecino El Salvador, el dictador Maximiliano Hernández Martínez era defenestrado por las protestas populares, mientras que los disturbios ganaban las calles de Ciudad de Guatemala. Ubico había llegado al poder con el apoyo de los Estados Unidos, en las postrimerías de la guerra el respaldo norteamericano podía ser la tabla de salvación. Menos interesado en la buena disposición de los empresarios alemanes, el 24 de junio de 1944, en un único decreto de expropiación, Ubico eliminó a los propietarios de las explotaciones más eficientes y productivas del país, y convirtió al Estado en gran terrateniente. Un veterano alemán del negocio cafetalero guatemalteco señaló que el valor de las propiedades y de las cuentas confiscadas a los ciudadanos de los países del Eje “debía ser mayor que la deuda pública de Guatemala”.

El decreto no mantuvo a Ubico en la presidencia. A los pocos días de ordenar la confiscación y sin llegar a conocer sus efectos, el autócrata fue derrocado por un amplio movimiento popular que, más preocupado por terminar con un régimen que llevaba décadas en el poder que por el futuro de la comunidad alemana, inició un proceso de reformas sociales. Los generales de Ubico intentaron reemplazarlo en el poder, pero en octubre de 1944 la alianza de trabajadores, estudiantes y militares descontentos mediante las armas puso fin definitivo al régimen. El nuevo gobierno convirtió al decreto en ley y ordenó la expropiación de todos los bienes de alemanes: fincas, edificios, bonos, ganado y plantaciones.

A finales de 1944, el gobierno presidido por Juan José Arévalo controlaba unas 130 grandes plantaciones de café confiscadas primero a los alemanes y después a Ubico y sus generales. Su valor estimado era de varias decenas de millones de dólares. Sin embargo, las explotaciones no salieron indemnes de la guerra: la mala administración, la falta de incentivo y también la corrupción de los interventores en las plantaciones nombrados por Ubico conllevaron un descenso de la productividad. La enorme plantación “El Porvenir” de 24.000 quintales producidos en 1940 pasó a 13.000 quintales después de la intervención. En las demás plantaciones relevantes del país la producción bajó hasta niveles anteriores de la guerra. En las trece propiedades alemanas más importantes la producción disminuyó en cinco millones de kilos entre 1940 y 1943.

Al igual que en Costa Rica, las expropiaciones inquietaron a la elite económica local. Si el Estado era capaz de adueñarse de las plantaciones alemanas acabaría haciendo lo mismo con las explotaciones guatemaltecas. La presunción se hizo realidad, el movimiento que puso fin a la era de Ubico también abrió el camino para el ascenso de Jacobo Arbenz. Años más tarde la reforma agraria impulsada por su gobierno a favor de campesinos sin tierra dispararía la reacción de los grandes terratenientes, con la United Fruit Company a la cabeza. En 1954 un golpe orquestado por la CIA derrocaría al presidente Arbenz.

Continúa, próximo capítulo: Nicaragua.

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6. Nicaragua

El gobierno nicaragüense adoptó disposiciones para el trato y la administración de los bienes de los alemanes. El 16 de diciembre de 1941 por decreto quedaban bloqueados los valores y las cuentas bancarias de los denunciados en la lista proclamada. Los bienes decomisados a los ciudadanos alemanes sumaban varios millones de dólares. La dictadura de Anastasio Somoza encarceló a los alemanes en la tristemente célebre cárcel El Hormiguero o en una quinta confiscada, en condiciones humillantes y como criminales en vez de detenidos civiles. Al igual que en los otros casos, la actividad cafetalera concitó la atención gubernamental. Los dueños que aparecían en la lista fueron obligados a entregar las cosechas al Banco Nacional de Nicaragua para organizar su exportación. El monto de la venta del café sería distribuido con este orden de prioridades: el pago de los impuestos, gastos indispensables de las fincas, gastos de subsistencia de los propietarios alemanes, deudas, y, si quedaban utilidades, éstas serían bloqueadas bajo la jurisdicción del Banco Central.

Mediante la promulgación de decretos ejecutivos de 1941 a 1943, el Banco Nacional de Nicaragua fue liquidando los bienes de los alemanes. Los montos resultantes de la liquidación de pequeñas propiedades fueron puestos al 6% de interés en Bonos Pro Defensa Patria. Las grandes propiedades fueron rematadas a precios módicos, especialmente las que se encontraban cerca de la capital. Si en Costa Rica los presidentes por el Partido Republicano Nacional y en Guatemala el autócrata Ubico perdieron algunos escrúpulos, en Nicaragua Somoza con total descaro dispuso de la fuerza del Estado para su provecho. En las subastas a precio de ganga, la Guardia Nacional impedía la entrada a diversos compradores a fin de que sólo allegados al gobierno participaran en las ofertas.

Las fincas de la familia Bahlke ilustran el mecanismo de apropiación. Al principio el gobierno de Somoza había puesto reparos para la deportación de algunos alemanes emparentados con destacadas familias nicaragüenses. En particular, Somoza era reticente a deportar a Estados Unidos a Julio Bahlke. En 1926, cuando Somoza era un prófugo de la justicia, había pasado una temporada oculto en una granja alemana, y el propio Bahlke se había encargado de atender las necesidades básicas de Somoza. El dictador hizo a un lado los sentimientos y decidió encarcelar a Bahlke en 1942. A continuación ordenó la subasta de la enorme plantación de café “Alemania”. La presión de los Estados Unidos era compatible con la oportunidad de apoderarse de los bienes de Bahlke. Con sus soldados desplegados al frente de la finca, el Jefe del Estado Mayor compró una propiedad de cinco millones de dólares con 380.000 córdobas que él mismo había retirado esa mañana del Banco Nacional de Nicaragua. Al año siguiente Bahlke fue deportado a los Estados Unidos. Las fincas pequeñas de este propietario alemán se vendieron todavía a precios más bajos. Una plantación de café que daba unos beneficios de 5.000 dólares se vendió por 100 dólares.

Del mismo modo que en Costa Rica, el gobierno liquidaba las propiedades confiscadas de los alemanes por un valor menor del real y convertía las ganancias en bonos de guerra. La liquidación de los “bienes controlados” finalizó el 26 de julio de 1950. Terminada la guerra, algunos alemanes recibieron los Bonos Pro Defensa Patria, que representaban el 60% de su valor nominal.

Continúa, próximo y último capítulo: Conclusiones.

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7. Conclusiones

Un factor de conflicto fue la diferente perspectiva acerca del peligro que constituían las comunidades alemanas. Si en América Latina no se habían tomado medidas tan radicales como las que impulsaba Washington era por la misma razón por la que los estadounidenses se habían abstenido de acabar con los negocios que los alemanes poseían en Norteamérica: porque eran muy valiosos para la economía de sus países. En las pequeñas naciones centroamericanas, los negocios de propiedad alemana eran mucho más importantes, generaban más puestos de trabajo y más riquezas que en los Estados Unidos, y por tanto el coste que acarreaba su desaparición era mayor. El gobierno de Washington confeccionó unilateralmente listas negras en las que aparecían empresas radicadas en Latinoamérica, pero no en los Estados Unidos, con el riesgo de ser agregadas en las listas empresas latinoamericanas.

Friedman sostiene que hay dos factores interrelacionados en el marcado contraste que existía entre las medidas políticas interiores que adoptaba el gobierno de Washington y las exteriores: (1) los funcionarios norteamericanos consideraban que América Latina era una región vulnerable y dependiente, que se encontraba a expensas de la actuación de las grandes potencias rivales, también pensaban que los alemanes que vivían allí representaban una amenaza mucho más seria que los que vivían en los Estados Unidos; y (2) los intereses económicos y los intereses políticos iban interrelacionados estrechamente a la hora de diseñar la política exterior del país. Mientras que las actividades comerciales que desarrollaban los ciudadanos alemanes que vivían en los Estados Unidos contribuían al crecimiento del producto nacional bruto, su labor comercial en Latinoamérica rivalizaba con los intereses económicos norteamericanos en una región de la que los estadounidenses esperaban obtener beneficios. La guerra económica ofrecía una oportunidad perfecta para combatir la presencia alemana en América Latina y aniquilar a un importante rival económico con la excusa de la protección de la seguridad.

La reticencia latinoamericana tenía otro fundamento: la presencia alemana contrabalanceaba la influencia estadounidense, pues la reducción de la capacidad económica alemana implicaba una mayor dependencia de la potencial continental. Obligadas por la presión, las autoridades del istmo mesoamericano tomaron las medidas para obliterar el poder económico y social de los alemanes; y la lista proclamada sirvió de base a las expropiaciones. Como señala Friedman, los gobiernos hicieron de la necesidad virtud, y de la virtud vicio. La liquidación de las empresas alemanas ayudó a equilibrar las cuentas públicas en un complejo contexto ocasionado por la guerra, pero también dio lugar al enriquecimiento personal, para lo cual el poder político dispuso de la fuerza del Estado, de los tres casos presentados Nicaragua es el más categórico.

Los sectores locales económicamente poderosos, más allá de las simpatías hacia los alemanes, no eran partidarios de los embargos que se estaban llevando a cabo ante la presión de los Estados Unidos. Asimismo, las expropiaciones de los bienes de alemanes sentaban un precedente no deseado para el futuro: el Estado mostraba de forma radical su capacidad para afectar a las elites propietarias. En Costa Rica y en Guatemala las expropiaciones dejaron secuelas políticas, concomitantes con procesos de reformas sociales.

La lista proclamada también fue utilizada para el confinamiento de alemanes “peligrosos” de América Latina en los Estados Unidos. Puesto que las deportaciones están asociadas a cuestiones de mayor alcance, el libro de Max Friedman, cuyo principal tema es el programa de deportaciones, proporciona buena información sobre el proceso expropiador, el enfoque del hilo se basa en el estudio de este autor. Friedman intenta demostrar –en mi opinión lo consigue- que en la Segunda Guerra los Estados Unidos abandonaron la Política de Buena Vecindad impulsada por el gobierno de Roosevelt en los años treinta, adoptando hacia América Latina una política de presión e injerencia en los asuntos internos. Habría que desglosar la Buena Vecindad de Washington de la década de 1930, ya que no implicaba lo mismo para los diferentes países del continente, pero eso escapa del tema. Por su parte, el artículo de Peters y Torres aborda las disposiciones referentes a los bienes de alemanes, con más profundidad para el caso de Costa Rica. Un punto que pasé por alto del artículo es el énfasis en los acuerdos previos forjados en la Unión Panamericana, pertinente para los tres casos presentados debido a la hegemonía de los Estados Unidos, pero no así para los países que podían adoptar una política más independiente, por ese motivo preferí subrayar las diferencias en los capítulos 2 y 3 del hilo.

Fin.

[José Luis]

¡Hola a todos!

Interesante tema y brillante exposición. Gracias.

Saludos cordiales
JL